Del poder al encierro: así viven empresarios y un exfuncionario condenados por fraude en la emergencia climática de Comodoro
Cinco personas clave en un esquema de defraudación al Estado durante el devastador temporal de lluvias que golpeó a Comodoro Rivadavia en 2017 enfrentan una nueva realidad. Los empresarios Roberto Monasterolo, Hernán Lobos Rosas, Javier Morales, Cristian Pérez y el exsecretario de Infraestructura municipal, Abel Boyero, fueron trasladados en silencio y esposados a un pabellón reducido en la alcaidía de Sarmiento, luego de que la justicia ordenara su prisión preventiva mientras se espera que la condena quede firme.
Aislados y en condiciones limitadas
El pabellón donde cumplen esta etapa de su proceso judicial está lejos de los lujos. Según fuentes policiales, el espacio es reducido, con apenas 6 metros de largo por 4 de ancho, dividido en cuatro celdas. Dos de los detenidos comparten una de las celdas con una cama improvisada.
El lugar cuenta con un solo baño y una ducha para los cinco ocupantes. Además, se reportan ocasionales problemas con el suministro de agua, lo que agrava las condiciones de detención. Los condenados están separados del resto de los reclusos debido a que su situación jurídica es preventiva y no pueden mezclarse con presos ya sentenciados.
El trasfondo del caso
Los detenidos fueron condenados por su rol en un esquema de defraudación al Estado durante la emergencia climática de 2017, un desastre que dejó profundas cicatrices en la ciudad. Según la acusación fiscal, aprovecharon la situación de crisis para desviar fondos destinados a asistencia y reconstrucción, perjudicando directamente a la comunidad afectada.
El fiscal Cristian Olazábal había solicitado la prisión preventiva, medida que fue confirmada por un tribunal de Esquel hasta el 5 de junio de 2025. Esta decisión refuerza el compromiso judicial de garantizar que se cumpla la sentencia, la cual fue ratificada en casi todos sus términos.
De la influencia al encierro
La caída de estos empresarios y del exfuncionario marca un giro dramático en sus historias. Su traslado silencioso desde los tribunales hasta Sarmiento simboliza no solo la ejecución de la justicia, sino también la pérdida de las comodidades y el estatus que alguna vez disfrutaron.
Mientras tanto, la sociedad observa con interés y una mezcla de indignación y alivio el desarrollo de un caso que pone en el centro del debate la corrupción en tiempos de crisis. Este episodio se convierte en un recordatorio de cómo los desastres naturales no solo exponen la vulnerabilidad física de una ciudad, sino también las grietas éticas de sus administradores.
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