El alto costo del régimen de Tierra del Fuego: subsidios millonarios para ensamblar productos importados
El alto costo del régimen de Tierra del Fuego: subsidios millonarios para ensamblar productos importados
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace más de 50 años, ha sido objeto de críticas recurrentes debido a su alto costo fiscal y su impacto en los precios de los productos electrónicos en Argentina. Con un gasto que supera los USD 1.000 millones anuales, este esquema ha logrado sostener una industria con fuerte dependencia de insumos importados, mientras que los consumidores locales enfrentan precios hasta un 60% más altos que en otros países.
Un régimen que atraviesa gobiernos y políticas
Desde su creación en 1972, el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego ha sido defendido como una herramienta para impulsar el crecimiento poblacional y la generación de empleo en la isla. Sin embargo, su continuidad hasta 2053, con una revisión programada en 2038, genera debates sobre su sostenibilidad y eficiencia.
Las empresas beneficiadas por este esquema reciben exenciones en el Impuesto a las Ganancias, IVA, derechos de importación y otros tributos. Además, existe un fideicomiso especial, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que sigue en pie pese a la eliminación de otros fideicomisos bajo la administración de Javier Milei. Este fondo, financiado por las propias empresas con un 15% del IVA que no tributan, alcanzó los $185.000 millones en 2024.
Impacto en las cuentas públicas y en el consumidor
Según un informe de la consultora Fundar, el costo fiscal del subrégimen industrial asciende a USD 1.070 millones anuales, lo que equivale al 0,22% del PBI. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es más del doble del presupuesto anual del Conicet y representa el 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.
Uno de los principales cuestionamientos es que el régimen fomenta el ensamblaje de productos electrónicos con escasa integración local. Como resultado, el 90% de los celulares vendidos en Argentina provienen de fábricas fueguinas, junto con televisores, microondas y acondicionadores de aire, pero con costos significativamente más altos que en países vecinos como Chile o Estados Unidos.
En términos de impuestos, la exención del IVA en la facturación total, en lugar de sobre el valor agregado, genera un incentivo para importar componentes en lugar de desarrollar una industria con mayor contenido nacional. A esto se suman exenciones en aranceles de importación por USD 436 millones y un diferencial en Impuestos Internos por USD 20 millones, lo que refuerza la protección a las empresas locales a expensas de una mayor competencia.
Una reforma pendiente
A pesar de los intentos de recorte del gasto público, el fideicomiso que respalda el régimen fueguino sigue intacto. Esto ha generado sospechas y críticas desde distintos sectores políticos y económicos. El economista Lucas Llach, asesor del Ministerio de Desregulación, llegó a proponer la liberalización total de la importación de celulares y electrodomésticos como una alternativa para reducir los precios al consumidor.
Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer cuestionó la falta de debate en torno a los regímenes especiales: «No puede el resto del país seguir sosteniendo este esquema sin discutir una reforma tributaria integral y equitativa». En la misma línea, Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, calificó al régimen como «ineficiente y costoso», argumentando que solo ha beneficiado a un grupo reducido de empresas y sindicatos, mientras que encarece los productos para 46 millones de argentinos.
El futuro del régimen
Mientras la administración de Javier Milei mantiene el discurso de reducción del gasto público, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego sigue siendo intocable. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que debería destinarse a inversiones en infraestructura y diversificación productiva, ha utilizado parte de sus recursos en bonos y letras del Tesoro por $91.000 millones.
El debate sobre la continuidad del esquema de promoción industrial de Tierra del Fuego sigue abierto. Si bien ha cumplido con el objetivo inicial de poblar la isla y generar empleo, su impacto en las finanzas públicas y en los precios de los productos electrónicos plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. La pregunta sigue siendo: ¿se trata de una política de desarrollo o de un privilegio que el país ya no puede costear?
