El Estado desactiva una red de fraudes previsionales: muertos, condenados y certificados médicos falsos entre los casos

Más de 80 mil pensiones por discapacidad laboral fueron suspendidas tras auditoría del gobierno

En el marco de un proceso de revisión masiva del sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, el gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), suspendió o dio de baja 80.080 beneficios. El motivo principal: irregularidades y falta de cumplimiento en la actualización obligatoria de requisitos médicos.

Según la auditoría, el 60 % del millón de beneficiarios no se presentó a las evaluaciones. Solo esta primera tanda de suspensiones representa un ahorro estimado de $23.143 millones mensuales para el Estado. De los casos detectados, más de 8.000 personas renunciaron voluntariamente al beneficio y otros miles fueron dados de baja por fallecimiento del titular o fraude comprobado.

Desde la ANDIS aseguran que el objetivo es depurar el sistema y asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad reclaman que el proceso es confuso, excluyente y que puede dejar sin ingresos a personas vulnerables.

El nuevo marco normativo, impulsado por el Decreto 842/2024, impone condiciones más estrictas, obliga a la reinscripción y habilita cruces de datos con otros organismos como la AFIP, PAMI o ANSES. Casos insólitos también salieron a la luz: presos, prófugos y hasta personas fallecidas cobraban beneficios irregulares.

Mientras el gobierno habla de justicia y transparencia, muchos ven en este ajuste un riesgo para los más frágiles. La auditoría sigue en marcha y se prevé que más de 250 mil pensiones podrían ser dadas de baja en los próximos meses.