El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, acusada por los incendios en la Patagonia

El Ejecutivo incluyó a ese grupo en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento.

Tras los devastadores incendios que han asolado los bosques patagónicos en las provincias de Chubut y Río Negro, el gobierno encabezado por Javier Milei ha formalizado la inclusión de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión, agudizado por las declaraciones del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, quien, según informes de prensa, habría reivindicado sabotajes y atentados incendiarios contra infraestructura considerada parte del «sistema capitalista».

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, establece que la RAM cumple con los requisitos para su inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Se ha solicitado la intervención de la Cancillería para garantizar la conformidad con la normativa vigente, dada la intención de compartir información con otros gobiernos. El RePET, que depende del Ministerio de Justicia, tiene como objetivo centralizar y facilitar el acceso a información relevante sobre individuos y organizaciones relacionadas con actividades terroristas o su financiamiento, fomentando la cooperación a nivel nacional e internacional.

La resolución se fundamenta en una serie de acciones violentas atribuidas a la RAM durante más de una década en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Entre estos incidentes se destacan incendios intencionales que han causado graves daños a bosques, ataques a propiedades y vehículos, así como agresiones contra personas.

El Ministerio de Seguridad Nacional argumenta que estos actos han sido públicamente reivindicados por líderes de la organización, incluyendo a Jones Huala. La resolución también señala la existencia de coordinación entre la RAM y otras agrupaciones con nombres diferentes, pero que comparten objetivos y una estructura común. Según el informe oficial, estas acciones buscan «sembrar el terror y presionar a las autoridades», cumpliendo con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal, que agrava las penas para delitos cometidos con fines terroristas.

La inscripción de la RAM en el RePET se basa en compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Estas convenciones instan a los Estados a establecer regímenes jurídicos y administrativos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento. Argentina también ha adoptado resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que exige a los Estados congelar los activos financieros de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

Los fundamentos de la resolución también señalan que la derogación del decreto que declaraba la emergencia en tierras indígenas «ha contribuido al aumento de los conflictos en la región». Esta ley, que durante 18 años impidió los desalojos de tierras usurpadas, dejó un vacío legal que, según el Ministerio de Seguridad, ha sido aprovechado por la RAM para intensificar sus actividades.

El Gobierno considera que los incendios en los bosques del sur argentino han aumentado significativamente desde entonces, y en varios casos se ha comprobado que fueron provocados de manera intencional. El Ministerio de Seguridad subraya que el crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, lo que exige respuestas urgentes y contundentes. En este contexto, la inscripción de la RAM en el RePET busca cortar cualquier tipo de financiamiento que pueda sustentar sus actividades. Además, se destaca la importancia de la colaboración y el intercambio de información entre los distintos actores del Estado y con organismos internacionales para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención, investigación y sanción de estos delitos.

La resolución también resalta la necesidad de optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Según el Ministerio, la complejidad y el alcance de las conductas criminales vinculadas a estas organizaciones demandan un esfuerzo coordinado a nivel nacional.