El gobierno refuerza su compromiso contra las usurpaciones en Parques Nacionales
El Parque Nacional Los Alerces enfrenta una compleja situación ante la ocupación ilegal de terrenos por tres familias que han construido viviendas no autorizadas dentro del área protegida. La Justicia ha autorizado su desalojo, en una medida que refleja la postura firme del gobierno nacional frente a las usurpaciones en áreas públicas y protegidas.
Acciones para preservar el territorio
Daniel Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces, destacó que se han agotado las instancias administrativas antes de proceder judicialmente. Las familias involucradas, de entre dos y cuatro integrantes cada una, argumentan pertenencias ancestrales, aunque no han presentado documentación que sustente esas reivindicaciones.
«La intención es resolver esta situación de manera pacífica y sin incidentes, especialmente durante la temporada turística», expresó Otaño, quien aseguró que las fuerzas encargadas de ejecutar el desalojo serán definidas por la Justicia, descartando la participación de efectivos militares.
Vigilancia y prevención
El parque también enfrenta la amenaza de incendios forestales, muchos de ellos intencionales. Aunque no se ha establecido un vínculo entre las ocupaciones y los incendios, las autoridades han reforzado la vigilancia con guardaparques adicionales, combatientes de incendios y cámaras de seguridad.
Estas medidas, junto con la disposición de atender cualquier foco ígneo de manera inmediata, buscan garantizar la preservación del parque y la seguridad de visitantes y comunidades cercanas.
Preservación como prioridad
El gobierno subraya que la ocupación ilegal de tierras protegidas no será tolerada, alineándose con su compromiso de proteger el patrimonio natural y garantizar el acceso ordenado a las áreas públicas. El Parque Nacional Los Alerces continúa siendo un referente en conservación y turismo responsable, destacando que el pernocte solo está permitido en zonas administradas que cumplen con estándares de seguridad y limpieza.
Con esta postura, las autoridades buscan conciliar el respeto por los derechos legítimos de todos los actores involucrados con la protección integral de uno de los parques más emblemáticos del país.
