El kirchnerismo entregó tierras y financió juicios contra el Estado con dinero público: el esquema de subsidios a mapuches y ex montoneros que el actual gobierno eliminó
Revelan que los gobiernos kirchneristas entregaron subsidios millonarios a comunidades mapuches para litigar contra el Estado
A través del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que dependía del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y Alberto Fernández giraron subsidios a comunidades mapuches por un total de aproximadamente $1.200 millones. Parte de estos fondos se destinó a la contratación de abogados para litigar contra el propio Estado y privados en reclamos de tierras.
Uno de los principales beneficiarios fue la agrupación Malaweche de Mendoza, que nuclea a más de 20 comunidades y recibió $380.000.000. Entre estas figuran tres comunidades que el gobierno de Javier Milei catalogó como “terroristas”: Lof El Sosneado, Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv. El gobierno decidió revocar la cesión de más de 25.000 hectáreas estratégicas en Mendoza que les habían sido concedidas por las administraciones kirchneristas.
Desde la Casa Rosada aseguraron que las comunidades usaban parte del dinero recibido en subsidios, que debían “rendir” pero no “reintegrar”, para contratar a abogados de la Asociación de Abogados y Abogadas Indígenas (AADI), quienes litigaban contra el Estado por supuestas tierras ancestrales.
El actual titular del INAI, Claudio Avruj, calificó el programa como una “obscenidad” y denunció que se había convertido en una vía de financiamiento para organizaciones que litigaban contra el Estado. El programa fue dado de baja mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Avruj también recordó que el gobierno de La Libertad Avanza denunció a Alejandro Marmoni, ex titular del INAI durante la gestión de Alberto Fernández, por diversas irregularidades. Asimismo, denunció penalmente a Luis Pilquimán, ex vicepresidente del INAI, por haberse auto-adjudicado un subsidio de $5.955.000 para su comunidad Lof Wefu Wecu, fondos que nunca fueron rendidos ni se demostró en qué fueron utilizados.
El informe de auditoría N° 11/2023 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló que el Programa de Fortalecimiento Comunitario carecía de herramientas de registro y sistematización de información, lo que impedía cuantificar su impacto y objetivos. También indicó debilidades en el seguimiento de convenios de servicios jurídicos y la falta de documentación respaldatoria.
Por otro lado, la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, fundada por ex integrantes de Montoneros, ha sido una de las principales defensoras de líderes mapuches como Facundo Jones Huala y familiares de Rafael Nahuel. Sin embargo, en diálogo con este medio, la abogada María del Rosario Fernández negó que la Gremial haya recibido dinero del Estado o de las comunidades beneficiadas por el programa.
