El kirchnerismo y los mapuches: apoyo estatal para cuestionar la soberanía argentina
El Gobierno denuncia penalmente las irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades indígenas
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), bajo la dirección de Claudio Avruj, ha presentado una denuncia penal para esclarecer responsabilidades en la entrega de subsidios no reintegrables a comunidades y organizaciones autodenominadas indígenas. Según la documentación presentada, se detectaron irregularidades en el uso de estos fondos, con indicios de que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados fueron destinados al pago de honorarios de abogados que litigaban contra el Estado en causas de usurpación de tierras y otros delitos.
Auditorías revelan graves irregularidades
Dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expusieron que los fondos fueron girados mayoritariamente durante los gobiernos kirchneristas sin los controles adecuados. Se detectó la entrega de subsidios a organizaciones mapuches consideradas terroristas por el gobierno actual, sin rendiciones claras y sin un seguimiento efectivo del uso de los recursos.
Entre las irregularidades se destaca el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003, el cual fue dado de baja por Avruj a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. «Se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para defenderse en causas judiciales por usurpación de tierras y otros delitos», denunció el funcionario.
Casos concretos de desmanejo de fondos
Según la información obtenida, varias comunidades recibieron subsidios millonarios:
- Lof Che Buenuleo (Río Negro): Recibió $1.770.000 en 2023 para asistencia jurídica, a pesar de haber sido desalojada de tierras privadas en San Carlos de Bariloche.
- Lof Kinxikew (Neuquén): Percibió $1.950.000 en 2023 para asesoramiento legal en disputas con privados y el Ejército Argentino.
- Newen Mapu (Río Negro): Participó en reclamos territoriales en El Bolsón y recibió $4.480.000 del INAI.
Se detectaron también irregularidades en subsidios a otras agrupaciones en Mendoza, Neuquén y Río Negro, con fondos utilizados en litigios contra el Estado y en zonas con actividad petrolera y ganadera.
Falta de registros y control estatal
El informe de auditoría N° 11/2023 del INAI expone que la Dirección de Asuntos Jurídicos carecía de un registro formal y sistemático de los litigios en los que intervenía, incumpliendo así normativas de transparencia y gestión financiera.
Además, las auditorías revelaron que durante el gobierno de Alberto Fernández se entregaban subsidios sin manuales de procedimientos, sin análisis previo de solicitudes y sin criterios de selección claros. Se encontraron pagos de segundas cuotas sin verificación de rendiciones anteriores, inconsistencias en los montos transferidos y falta de inspecciones sobre el uso real de los fondos.
Próximos pasos judiciales
El INAI, bajo la gestión de La Libertad Avanza, se encuentra ahora en proceso de regularización del sistema de subsidios y ha implementado nuevas medidas de control financiero para evitar el desmanejo de fondos. La Justicia, por su parte, deberá determinar la responsabilidad de los exfuncionarios del organismo y el destino final de los millonarios fondos otorgados sin control alguno.
