El legado de Kicillof: Estados Unidos ordena a Argentina pagar US$ 391 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas
Un tribunal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, ha dictaminado que Argentina deberá abonar US$ 390,9 millones al fondo Titan Consortium como resultado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, ejecutada bajo la gestión de Axel Kicillof como uno de los arquitectos de la reestatización. Este fallo surge tras un largo litigio iniciado por el fondo Burford, que luego cedió sus derechos al actual beneficiario.
El fallo, basado en una decisión anterior del CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial), es definitivo y no apelable. Según el especialista Sebastián Maril, este reconocimiento en territorio estadounidense habilita procesos de embargo si Argentina no cumple con la sentencia.
La operación de reestatización se llevó a cabo sin pagar compensaciones al grupo Marsans, entonces propietario de la aerolínea. La decisión de nacionalizar Aerolíneas fue impulsada en 2008 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, con Kicillof desempeñando un papel clave en la argumentación económica que justificó la medida.
Una carga económica y política
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, criticó públicamente el costo de esta medida en redes sociales, sugiriendo la creación de un «impuesto Kicillof» para que los costos sean afrontados por quienes respaldaron la expropiación. Según Mogetta, la sentencia expone las consecuencias económicas de decisiones mal calculadas que ahora pesan sobre todos los argentinos.
Contexto de la reestatización
La ley de reestatización involucró a varias empresas vinculadas al grupo Aerolíneas Argentinas, declaradas de «interés público nacional». En su momento, la falta de compensación a los propietarios derivó en una disputa legal que culminó en el actual fallo. Titan Consortium, el titular del reclamo, argumentó que Argentina no respetó las normativas internacionales en el proceso.
¿Qué sigue para Argentina?
Si el país no paga la suma ordenada, el fondo demandante está en condiciones de iniciar embargos sobre activos argentinos en el extranjero. Esta situación podría derivar en nuevas complicaciones financieras y políticas para el país, marcando un capítulo más de las decisiones polémicas adoptadas durante el manejo de Kicillof en la economía estatal.
La resolución es un recordatorio de las implicancias legales y económicas de políticas que buscan priorizar intereses nacionales sin prever las repercusiones internacionales.
