Escándalo por estafa millonaria: Vanesa Fita, hermana del diputado y presidente del PJ Chubut, Gustavo Fita, imputada por defraudar a 594 familias con falsas promesas de viviendas
En un escándalo que sacude a Chubut, la justicia imputó a Vanesa Fita y a otras cuatro mujeres por una presunta estafa que perjudicó a 594 familias con la promesa de acceder a viviendas a través de una cooperativa ficticia. La maniobra habría involucrado una recaudación fraudulenta de 59,4 millones de pesos y mencionaba presuntos vínculos con funcionarios públicos, entre ellos, su hermano, el diputado provincial y presidente del Partido Justicialista chubutense, Gustavo Fita.
El fiscal Martín Cárcamo confirmó que, tras la audiencia de apertura de investigación, se formalizó la imputación contra Fita y otras cuatro mujeres: Lucía Miranda, Gisel Mansilla, María Curán y Camila Páez. Se les atribuye el delito de estafa por calidad simulada en 594 hechos en concurso real, conforme a los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal.
La falsa cooperativa y el engaño masivo
Según la investigación preliminar, Vanesa Fita convocaba a familias para conformar una supuesta cooperativa que accedería a viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Para ser incluidos en el listado de beneficiarios, cada persona debía abonar 100.000 pesos, bajo la promesa de que las casas serían construidas con apoyo de funcionarios públicos. Sin embargo, no existía respaldo legal ni material para cumplir con tales promesas.
El fiscal señaló que Fita mencionaba a su hermano, el diputado Gustavo Fita, y a otros funcionarios provinciales para dotar de credibilidad a su propuesta. Sin embargo, la maniobra carecía de sustento, lo que configuró un esquema fraudulento que generó perjuicio patrimonial a casi 600 familias.
Un proceso judicial en marcha
La justicia otorgó un plazo de seis meses para la etapa penal preparatoria, en la que el Ministerio Público Fiscal deberá reunir pruebas para formular la acusación o requerir el sobreseimiento de las imputadas. De llegar a juicio, las penas podrían oscilar entre 1 y 6 años de prisión por cada hecho, aunque la legislación impone un límite de 50 años.
El fiscal Cárcamo anticipó que no dará su consentimiento a una suspensión de juicio a prueba, dada la magnitud del fraude y el impacto sobre los damnificados. “No están dadas las condiciones objetivas para aceptar una solución alternativa. No sólo por la expectativa de pena, sino también por la trascendencia de los hechos, que vulneraron la ilusión de muchas familias que aspiraban a una vivienda digna”, explicó.
Mientras avanza la investigación, las víctimas aguardan justicia en un caso que podría destapar posibles responsabilidades políticas y generar nuevas repercusiones en el ámbito público provincial.
