Expropiación de YPF: una denuncia contra Cristina Kirchner podría frenar el millonario juicio contra Argentina
Buscan frenar juicio contra Argentina por expropiación de YPF: el giro que podría evitar el pago de más de 16.000 millones de dólares
El caso de la expropiación de YPF en 2012 sigue generando repercusiones judiciales de alto impacto para Argentina. En un nuevo giro, una presentación realizada ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, podría revertir la condena que obliga al país a indemnizar con 16.100 millones de dólares al fondo Burford Capital, el cual había adquirido los derechos de litigio del grupo Petersen, propiedad del recientemente fallecido empresario Enrique Eskenazi.
La demanda en cuestión involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Eskenazi, y plantea que la maniobra mediante la cual el grupo Petersen adquirió acciones de YPF fue fraudulenta. Este planteo fue presentado por el abogado Fernando Irazu, de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), quien tomó como base una denuncia realizada por Elisa Carrió en 2006.
Según el escrito de Irazu, el matrimonio Kirchner y la familia Eskenazi habrían conspirado para bajar el valor de las acciones de YPF y luego facilitar el ingreso del grupo Petersen, el cual adquirió el 25% de la compañía entre 2008 y 2011 con préstamos respaldados por los propios dividendos de la petrolera. Sin embargo, cuando el gobierno de Cristina Fernández decidió expropiar el 51% de la empresa a Repsol en 2012, el esquema financiero de Petersen se derrumbó, lo que llevó a su quiebra y al litigio que hoy enfrenta el Estado argentino.
La estrategia de defensa del país ha sido, durante los últimos gobiernos, rechazar la jurisdicción de Estados Unidos y sostener que el ingreso de Petersen a YPF fue irregular. No obstante, en septiembre de 2022, la jueza Preska falló en contra de Argentina, estableciendo una indemnización que triplica el valor actual de la petrolera.
Un nuevo escenario judicial
El reciente planteo de RAFA fue aceptado por la jueza, quien corrió traslado a las partes, abriendo la posibilidad de que el fallo original sea revisado. El gobierno argentino debía presentar su respuesta este martes 25 de febrero, con el objetivo de desligarse de la obligación de pago y evitar embargos u otras sanciones.
El caso cobra aún más relevancia por la figura del juez Ariel Lijo, mencionado en la denuncia de Carrió como el responsable de investigar en su momento la supuesta connivencia entre los Kirchner y los Eskenazi. Lijo, además, suena como el principal candidato del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría tener implicancias políticas en la resolución del conflicto.
Si la jueza Preska decide aceptar los argumentos presentados por RAFA, el fallo que condena a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares podría quedar sin efecto, lo que significaría un alivio financiero significativo para el país. De lo contrario, la nación se enfrentaría a uno de los pagos más altos de su historia reciente, solo superado por el crédito de 48.000 millones de dólares tomado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.
El desenlace de esta disputa legal será clave para la economía argentina y podría marcar un precedente en la manera en que el país enfrenta litigios internacionales derivados de decisiones políticas pasadas.
