Feudo chaqueño: más ‘invalidez’ que en Ucrania y un festival de pensiones irregulares
El Gobierno Nacional destapó una trama de corrupción en Chaco que podría rivalizar con los registros más insólitos del mundo. Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que más del 66% de los beneficiarios auditados cobraba de manera irregular pensiones por invalidez laboral. Las cifras, calificadas como «escandalosas» por funcionarios, muestran un sistema donde certificados falsos, diagnósticos inexistentes y complicidades institucionales permitieron que localidades enteras vivieran bajo un esquema de fraude generalizado.
La trama detrás de los números
El operativo, que se centra en la provincia de Chaco, arrojó que 2.344 beneficiarios fueron citados. De ellos, 1.796 (66.79%) no cumplían con los requisitos legales y perderán el beneficio, mientras que 345 personas (12.83%) ni siquiera asistieron a la auditoría, agravando las sospechas de irregularidad. Apenas un 13.58% (365 casos) superó los controles, revelando la dimensión del problema. El informe también detalla que 183 expedientes se encuentran en fiscalización médica por inconsistencias.
Las localidades bajo la lupa incluyen Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, Castelli y General San Martín, entre otras. En Taco Pozo, por ejemplo, las cifras son descomunales: el 97% de las pensiones son irregulares, según confirmó el fiscal federal Carlos Amad, quien investiga una red que involucra funcionarios, médicos y gestores.
Historias inverosímiles: amputaciones inexistentes y radiografías de perros
Entre los casos más sorprendentes se encuentra el de una mujer que cobró la pensión por una supuesta amputación de un brazo, aunque se presentó en perfecto estado de salud. Otro expediente adjudicaba una pensión a una niña por «pie plano», despertando serios cuestionamientos sobre los criterios utilizados para conceder los beneficios.
No menos alarmante fue el hallazgo de diagnósticos totalmente falsos: una mujer recibió el subsidio por cáncer de mama, pese a que jamás había sido diagnosticada ni realizado estudios médicos. En otro caso, un certificado médico incluía un poema en lugar de un diagnóstico, mientras que radiografías de perros fueron utilizadas como pruebas en expedientes fraudulentos.
El fiscal Amad también descubrió familias enteras cobrando pensiones por discapacidades inventadas, con menores y empleados municipales incluidos. «Era un sistema aceitado de coimas, falsificación y complicidad oficial», denunció. Los gestores involucrados cobraban hasta $30.000 por expediente.
Un esquema millonario y estructural
De acuerdo con los datos de ANDIS, el desvío de fondos durante la gestión anterior habría alcanzado 3.400 millones de dólares anuales, con un incremento desmedido de beneficiarios: de 80.000 en 2003 a 1.250.000 en 2023. “Estos números son inéditos incluso en países que atravesaron guerras”, afirmaron funcionarios.
Además, desde la Casa Rosada denunciaron que las pensiones se usaron como «moneda de cambio para favores políticos», en detrimento de quienes realmente necesitan el subsidio. «No había controles médicos y los expedientes se aprobaban sin auditorías», explicaron desde la Agencia.
Feudalismo moderno y una deuda social
«En Chaco hay más personas con invalidez que en Ucrania«, lanzó el fiscal Amad, trazando una comparación cruda pero ilustrativa. Ucrania, un país devastado por la guerra, registra un menor porcentaje de personas con pensiones por invalidez que la provincia chaqueña, donde la estructura política permitió que este esquema fraudulento prosperara durante décadas de clientelismo y descontrol.
La auditoría, aseguran desde ANDIS, busca «devolver transparencia y justicia» a un sistema que fue diseñado para proteger a los más vulnerables. Mientras tanto, miles de personas que realmente necesitan la ayuda estatal aguardan que la corrupción deje de convertir sus derechos en un botín político.
