Fin a las usurpaciones de «pueblos originarios»: el Gobierno pone freno a las tomas ilegales
El Gobierno nacional dio un giro drástico en su política territorial al derogar la Ley N° 26.160 y el Decreto N° 805/2021, finalizando así la emergencia en tierras ocupadas por comunidades indígenas. Con la publicación del Decreto 1083/2024, se reactivan los desalojos en terrenos en disputa, marcando un cambio de rumbo tras 18 años de protección legal.
Un cambio con impacto nacional
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete, argumenta que la emergencia generó un “uso abusivo y discrecional” del reconocimiento de derechos territoriales. Según el texto oficial, esta suspensión prolongada ha limitado actividades productivas y recreativas, afectando derechos individuales y la soberanía estatal.
El decreto también cuestiona la proliferación de disputas legales relacionadas con comunidades indígenas que, en muchos casos, “se fragmentan, tornando inoficioso el objetivo inicial de la normativa”. Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar la “seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo del país”, según se desprende del documento oficial.
Conflictos emblemáticos y consecuencias inmediatas
En provincias como Chubut, la medida tiene implicancias directas en conflictos territoriales históricos. Uno de los casos más representativos es el del Parque Nacional Los Alerces, donde la comunidad mapuche Lof Paillako ocupó terrenos protegidos desde 2020, construyendo estructuras y enfrentándose a la administración local.
En la gestión anterior, las soluciones negociadas evitaron los desalojos, pero ahora la Justicia trabaja en un plan para recuperar estos espacios, en línea con la nueva normativa.
Respaldo político y rechazo internacional
El decreto se enmarca en una serie de decisiones del Ejecutivo que refuerzan su postura crítica hacia ciertos derechos colectivos. Recientemente, Argentina se abstuvo de apoyar una resolución internacional promovida por países como Bolivia y México, orientada a proteger los derechos de las comunidades originarias en temas como justicia, cultura y medio ambiente.
Esta postura refleja la visión de política exterior del Gobierno, que se distancia de acuerdos como la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, priorizando un enfoque nacionalista en detrimento de derechos de tercera generación.
Un debate abierto sobre derechos y desarrollo
La derogación de la emergencia territorial plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los derechos de las comunidades indígenas y la necesidad de fomentar actividades productivas en tierras en disputa. Para algunos, la medida supone un paso hacia la recuperación del control estatal y privado sobre los territorios; para otros, es un retroceso en la protección de los pueblos originarios.
Este cambio drástico posiciona al Gobierno en el centro de un debate profundo sobre desarrollo, soberanía y los límites de los derechos colectivos en el país.
