Fiscal Cárcamo: “El psiquiatra denunciado podría enfrentar pena de prisión”
La investigación contra el psiquiatra acusado de falsedad ideológica avanza y podría derivar en una condena de prisión
El fiscal Martín Cárcamo, a cargo de la causa, confirmó que la conducta denunciada contra un psiquiatra de Comodoro Rivadavia podría encuadrarse en el delito de falsedad ideológica, lo que, según el Código Penal, contempla la posibilidad de una pena de prisión.
En diálogo con ADNSUR, Cárcamo explicó que la investigación se centra en la presunta emisión de certificados médicos con información falsa, los cuales habrían sido utilizados por empleados para justificar inasistencias sin sufrir descuentos en sus haberes.
La calificación legal del caso
El fiscal detalló que el Ministerio Público Fiscal considera que el acusado habría emitido certificados consignando enfermedades o estados de salud sin el debido respaldo médico, lo que configura falsedad ideológica.
Además, Cárcamo advirtió que, en algunos casos, el uso de estos documentos podría encuadrarse también en el delito de estafa, ya que los empleados habrían utilizado los certificados para percibir salarios sin haber trabajado.
La cantidad de hechos y las penas posibles
Sobre la magnitud del caso, el fiscal señaló que la cantidad de hechos denunciados es un factor clave:
“El artículo 55 del Código Penal establece que, cuando se acumulan múltiples delitos de este tipo, la pena puede agravarse y derivar en prisión efectiva”, explicó.
Y agregó:
“Si logramos acreditar al menos tres hechos, la escala penal aplicable podría contemplar una pena de cumplimiento efectivo”.
¿Qué pasará con los empleados implicados?
El fiscal subrayó que el Ministerio Público Fiscal tiene la facultad de investigar a todos los involucrados, incluyendo a los empleados que presentaron los certificados:
“Estamos ante un delito de acción pública, lo que nos habilita a investigar tanto al médico denunciado como a quienes utilizaron estos documentos”, afirmó.
Posibles perjuicios económicos y acciones legales
Finalmente, Cárcamo explicó que los denunciantes pueden iniciar acciones legales para reclamar un resarcimiento económico, ya sea dentro del proceso penal o por la vía civil.
“Los afectados tienen derecho a constituirse como querellantes y exigir el resarcimiento correspondiente”, concluyó.
