Hipocresía: Alberto Fernández, el primer presidente feminista procesado por golpear a su mujer
La noticia de que el ex presidente Alberto Fernández ha sido procesado por violencia de género ha sacudido el escenario político argentino. La denuncia, que indica que golpeó a su esposa mientras estaba embarazada, deja en evidencia una contradicción contundente entre su discurso político y sus acciones personales.
Durante su gestión, Fernández se autoproclamó como el «primer presidente feminista» de la historia argentina, promoviendo políticas de género que, a pesar de su costo millonario, no lograron reducir los delitos contra las mujeres en el país. La creación de ministerios, secretarías y programas vinculados al feminismo generó un gasto significativo de recursos estatales, muchas veces cuestionados por su escasa efectividad y su aparente carácter adoctrinador.
Sin embargo, la realidad contrasta con el relato. El mismo dirigente que impulsó estas iniciativas ahora enfrenta la justicia por un delito que, según su propia agenda de gobierno, debía ser combatido con firmeza. Este hecho pone en tela de juicio la coherencia de su discurso y la aplicación de las políticas que promovía. Además, el feminismo impulsado por su gobierno funcionó principalmente como una política de persecución del Colectivo Verde contra aquellas víctimas que eran contrarias a la política de género que pretendía llevar adelante la dupla Fernández-Fernández.
El procesamiento también reaviva el debate sobre la calidad institucional y la forma en que Fernández llegó al poder. Su candidatura no fue producto de una elección dentro de su espacio político, sino una decisión unilateral de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo eligió como figura de consenso para encabezar la fórmula presidencial en 2019. Lo que siguió fue una administración marcada por crisis económicas, decisiones erráticas y un deterioro institucional que lo ha llevado a ser considerado por muchos analistas como el peor gobierno de la historia argentina.
El caso de Fernández no sólo expone la hipocresía en la política, sino que también pone de manifiesto la necesidad de que la justicia actúe con independencia y rigor, sin importar el peso político del acusado. Ahora será la justicia quien determine su responsabilidad, pero el impacto en su legado político y en la credibilidad de las políticas de género impulsadas durante su gobierno ya es irreversible.
