Igualdad ante la ley: El plan del Gobierno para eliminar cupos y agravantes por género
El Gobierno nacional presentó un controvertido proyecto de ley denominado «Igualdad ante la ley», que buscará eliminar cupos laborales para personas trans, documentos no binarios y la figura de femicidio como agravante penal. La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo y la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, se llevará al Congreso en el próximo período de sesiones ordinarias. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que su avance legislativo será difícil.
El presidente Javier Milei, en línea con su discurso en el Foro Económico de Davos, afirmó que la propuesta apunta a eliminar todas las normativas que, según su visión, representan un trato preferencial ante la ley. En este contexto, la eliminación de los documentos no binarios y algunos aspectos de la Ley Micaela también forman parte del proyecto.
Una reforma legal sin distinción de género
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es “erradicar cualquier diferenciación legal basada en el sexo o la identidad de género”, poniendo énfasis en la igualdad de todos los ciudadanos. El proyecto propone que la pena por homicidio no dependa del género de la víctima, lo que implicaría eliminar el agravante de femicidio establecido en el artículo 80 del Código Penal.
Fuentes oficiales aclaran que no se planteará la derogación de la Ley de Matrimonio Igualitario ni de la legalización del aborto, aunque destacan que se revisarán normativas vinculadas a capacitación en género, como la Ley Micaela.
Un contexto polémico
Las declaraciones del mandatario en Davos reforzaron la postura oficial frente a la «ideología de género». Milei calificó de «injusto» el marco actual y señaló que estas leyes promueven, según su opinión, una cultura basada en el «victimismo» y la «imposición ideológica». Además, expresó duras críticas contra los tratamientos médicos relacionados con la identidad de género en menores.
Desde sectores críticos, la iniciativa ha sido catalogada como un retroceso en materia de derechos humanos, especialmente en lo referido a la protección de mujeres y diversidades. En tanto, organismos internacionales y activistas ya anticiparon que rechazarán cualquier intento de desmantelar los avances logrados en la última década.
Una agenda ambiciosa con grandes desafíos
El oficialismo admite que la aprobación del proyecto en el Congreso será un desafío significativo. “No vamos a dejar de hacer lo que creemos correcto por temor al rechazo”, afirmaron voceros gubernamentales, quienes reconocen que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para las sesiones legislativas de 2025.
Con este movimiento, el Gobierno busca redefinir el concepto de igualdad legal, un enfoque que podría marcar un punto de inflexión en el debate político y social del país.
