Justicia comercial: fallo a favor de franquiciados en un caso contra la cadena de comida rápida Mostaza
Un reciente fallo judicial marcó un precedente en la relación entre una conocida cadena de comida rápida de origen argentino y sus franquiciados. Desde 2021, la compañía enfrenta diversas demandas vinculadas a promesas de rentabilidad y presuntos incumplimientos contractuales.
La jueza Valeria Pérez Casado resolvió, de manera parcial, a favor de la empresa Buriel Gastronómica S.R.L., que había presentado una demanda contra la cadena y otros implicados, ordenando ajustes en los contratos relacionados con un local ubicado en San Carlos de Bariloche. Según se detalló en el fallo, el contrato inicial estipulaba condiciones que posteriormente habrían sido modificadas, lo que afectó las expectativas de los franquiciados.
Los orígenes de la disputa
El conflicto comenzó en 2016, cuando Buriel Gastronómica inició negociaciones con la compañía para abrir dos locales en Bariloche. Según los demandantes, las proyecciones iniciales prometían una rentabilidad del 18% y un recupero de la inversión en un plazo de entre 24 y 36 meses, cifras que posteriormente no se habrían cumplido.
Uno de los puntos más controvertidos fue la elección del local en la calle Mitre, cuya apertura habría sufrido demoras significativas. Además, el contrato inicial de 84 meses fue modificado a 60 meses con posibilidad de extensión, decisión que quedó a discreción de la empresa.
Los representantes de Buriel denunciaron también un incremento considerable en los costos de puesta en marcha, que habrían superado ampliamente las estimaciones iniciales. En lugar de los 300.000 dólares proyectados, la inversión final alcanzó los 1,5 millones de dólares.
El impacto de la pandemia
La crisis del COVID-19 exacerbó los problemas financieros de los franquiciados. A pesar de las dificultades económicas derivadas de la pandemia, la cadena habría continuado cobrando gastos por publicidad y aplicando condiciones contractuales desfavorables, sin ofrecer ajustes significativos a sus socios comerciales.
Reclamos recurrentes contra la cadena
No es la primera vez que esta empresa enfrenta cuestionamientos por parte de sus franquiciados. Diversos informes señalan que las inversiones iniciales necesarias para operar los locales suelen ser significativamente mayores a las estipuladas en los contratos. Además, los franquiciados deben adquirir insumos y equipos exclusivamente a través de la empresa, lo que incrementa los costos operativos.
Un abogado que representa a varios afectados afirmó que, en algunos casos, los inversores no lograron recuperar su inversión ni en siete años, incluyendo el periodo de la pandemia. Además, mencionó casos donde la empresa ofreció comprar los negocios de los franquiciados a precios considerablemente inferiores al valor invertido.
Los demandantes destacaron que las proyecciones de rentabilidad entre el 15% y 17%, presentadas como atractivas al inicio, rara vez se materializan en la práctica, dejando a muchos franquiciados en una posición financiera insostenible.
Este fallo podría abrir la puerta a nuevas demandas y poner en discusión el modelo de franquicias en Argentina, un esquema que, si bien ofrece oportunidades, también presenta riesgos significativos para los inversores.
