La herencia kirchnerista: demandas millonarias y juicios que asfixian a la Argentina

La herencia kirchnerista: demandas millonarias y juicios que asfixian a la Argentina

La Argentina enfrenta una amenaza judicial de dimensiones colosales: 236 juicios internacionales que suman más de US$27.000 millones. Estas demandas, que se han acumulado con el paso de los años, reflejan las consecuencias de decisiones políticas y económicas tomadas durante el kirchnerismo, muchas de ellas con efectos devastadores para las arcas públicas. Desde la estatización de YPF hasta la manipulación del PBI para pagar menos a los bonistas, los litigios abiertos en tribunales extranjeros evidencian un patrón de incumplimientos y conflictos contractuales que afectan la reputación del país en los mercados internacionales.

Un problema que se hereda de gestión en gestión

Los juicios contra la Argentina no son una novedad, pero su volumen y los montos involucrados han alcanzado niveles alarmantes. Documentos oficiales revelan que la Procuración del Tesoro y el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía manejan un universo de litigios multimillonarios que incluyen deudas impagas, estatizaciones mal ejecutadas y modificaciones arbitrarias de contratos.

El caso más emblemático es el de la expropiación de YPF en 2012. La decisión tomada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutada por Axel Kicillof derivó en una demanda por US$16.100 millones más intereses. El fallo adverso de la justicia de Nueva York pone al país en una situación delicada, con pocas opciones de apelación viables y un costo económico que sigue creciendo.

Otro frente de batalla se encuentra en Londres, donde el Estado argentino enfrenta una sentencia en contra por la manipulación del cálculo del PBI en 2013. En aquel momento, la decisión permitió reducir los pagos a los bonistas del “cupón PBI”, pero hoy se traduce en una demanda millonaria impulsada por fondos de inversión que se sienten perjudicados. Este conflicto, gestado bajo la administración kirchnerista, expone la fragilidad institucional del país en términos de previsibilidad económica.

Un lastre económico que condiciona el futuro

Los efectos de estos litigios van más allá de lo monetario. Expertos advierten que la acumulación de fallos adversos complica cualquier proceso de emisión de deuda o reestructuración financiera. Además, los acreedores tienen la posibilidad de solicitar embargos sobre activos argentinos en el exterior, como ya ocurrió con la Fragata Libertad en 2012.

“La Argentina es un país que comete muchos errores e incumple promesas. Eso nos ha costado mucho dinero. Me parece que es momento de sentarse a pensar si vale la pena seguir pateando la pelota, sabiendo que perdemos el 99% de los casos”, advierte Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los analistas que sigue de cerca estos procesos judiciales.

Desde el retorno de la democracia, la Argentina ha pagado aproximadamente US$17.000 millones en litigios internacionales. Esta cifra no solo incluye indemnizaciones, sino también la cancelación de deuda impaga. Sin embargo, el problema no parece resolverse. Con cada cambio de gobierno, la estrategia es la misma: dilatar los pagos y buscar atajos legales para postergar las sentencias en contra. Pero tarde o temprano, la cuenta llega.

El debate sobre el futuro: ¿se pueden evitar nuevos juicios?

En el actual contexto, el gobierno de Javier Milei ha impulsado la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), buscando atraer capitales extranjeros con garantías jurídicas reforzadas. Sin embargo, algunos especialistas advierten que estas iniciativas podrían generar nuevos litigios en el futuro si el país vuelve a incumplir sus compromisos.

Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro, plantea un interrogante clave: “Si la experiencia indica que las concesiones hechas en el pasado derivaron en demandas millonarias contra el Estado, ¿qué garantiza que no volverá a ocurrir lo mismo?”. Su preocupación no es menor, ya que muchos de los acuerdos firmados en la década del 90 bajo el menemismo también terminaron en arbitrajes internacionales que aún hoy pesan sobre la economía argentina.

La respuesta de la Casa Rosada es contundente: el problema no es otorgar garantías a los inversores, sino la falta de continuidad institucional. “Un país normalizado, donde manden la institucionalidad y la estabilidad en las reglas de juego, no debería tener problemas con esto”, sostienen fuentes oficiales.