La jueza que liberó a los detenidos del Congreso admitió que no evaluó sus antecedentes penales
La magistrada Karina Andrade explicó que su decisión de excarcelar a los 114 detenidos durante los incidentes en el Congreso se basó en el respeto al derecho a la protesta y que, en ese momento, solo verificó si existían pedidos de captura vigentes.
La liberación en tiempo récord de los acusados generó una fuerte reacción por parte del gobierno nacional, que criticó la resolución y anunció que presentará una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
«No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse», sostuvo Andrade en diálogo con la periodista María O’Donnell en Urbana Play. La jueza también señaló que la Policía y la Fiscalía no presentaron pruebas suficientes ni justificaron adecuadamente las detenciones en el contexto del sistema acusatorio.
Sin embargo, las declaraciones de la magistrada contrastan con los datos proporcionados por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien afirmó que «más de la mitad de los detenidos tenían antecedentes penales graves». Por su parte, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, cuestionó la falta de rigor en la aplicación de la ley. «Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada», remarcó el funcionario.
En su fallo, Andrade justificó su decisión argumentando que, en el momento del control de la detención, lo único relevante era la existencia de pedidos de captura vigentes. «No estaba siendo informada de nada», aseguró la jueza, dejando en evidencia una posible falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y la justicia.
La resolución también generó críticas por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anunció que el gobierno presentará una denuncia formal contra Andrade por «posible incumplimiento de funciones».
La controversia sigue abierta y plantea un debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público.
