La pesca reclama equidad fiscal tras beneficios otorgados al agro
Las cámaras que representan a la industria pesquera manifestaron su preocupación ante la exclusión de su sector de las recientes medidas fiscales anunciadas por el Gobierno, que reducen retenciones para las principales producciones agrícolas. Aseguran que la decisión pone en riesgo la estabilidad económica y social de una industria clave para el desarrollo regional.
La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) advirtieron sobre una «grave crisis inminente» para el sector. En un comunicado conjunto, destacaron que, además de las retenciones vigentes, la actividad pesquera enfrenta el impacto adicional del Derecho Único de Extracción (DUE), cuya alícuota fue elevada a fines del año pasado, lo que incrementa los costos de producción y compromete la sostenibilidad de la actividad.
Beneficios para el agro y su impacto en la industria pesquera
Las medidas anunciadas incluyen una baja temporal de retenciones para cultivos como soja, trigo, maíz y girasol, así como la eliminación permanente de gravámenes para ciertas economías regionales. Según estimaciones oficiales, estas modificaciones tendrán un costo fiscal de 800 millones de dólares y buscan incentivar las exportaciones en sectores estratégicos. Sin embargo, la industria pesquera no fue contemplada dentro del esquema de beneficios, a pesar de su contribución anual de casi 2.000 millones de dólares en divisas y la generación de 46.000 empleos directos.
Representantes de las cámaras señalaron que la decisión gubernamental agrava los desafíos que enfrenta un sector ya afectado por la caída de precios internacionales y una carga tributaria creciente. Además, subrayaron que las provincias costeras como Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego dependen significativamente de esta industria para su desarrollo económico. Productos como el langostino, el calamar y la merluza, que constituyen el 80% de las exportaciones pesqueras, resultan fundamentales para la economía regional.
Preocupación por la sostenibilidad
Más allá del impacto económico, los altos costos operativos están afectando también los esfuerzos del sector por mantener estándares de sostenibilidad medioambiental. La industria ha señalado que la falta de incentivos fiscales limita su capacidad para seguir invirtiendo en prácticas sostenibles, esenciales para la conservación de los recursos marítimos.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió las decisiones fiscales afirmando que el superávit alcanzado hasta ahora debe ser protegido para garantizar la estabilidad financiera. No obstante, desde el sector pesquero se insiste en la necesidad de un tratamiento impositivo equitativo, advirtiendo que la exclusión del régimen de beneficios podría generar un fuerte impacto negativo en la economía regional.
CAPeCA y CAPIP reiteraron su pedido de inclusión en las medidas fiscales, argumentando que el alivio impositivo permitiría sostener las operaciones, garantizar la continuidad laboral y contribuir al desarrollo económico del país de manera equilibrada. El debate sobre la equidad en la asignación de beneficios sigue abierto, mientras otros sectores también demandan una revisión de las políticas fiscales.
