Más de la mitad de los detenidos por los incidentes en el Congreso tiene graves antecedentes penales
Otra vez la violencia. Lo que debería haber sido una manifestación pacífica de jubilados terminó en un campo de batalla cuando grupos organizados, integrados por barras bravas y militantes de izquierda, convirtieron la marcha en un violento ataque contra el Congreso y la Policía de la Ciudad. El saldo: 20 agentes heridos, entre ellos uno con una herida de bala, decenas de destrozos y más de la mitad de los detenidos con antecedentes penales graves.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue contundente: «Tenemos pruebas y vamos a armar una causa firme para que estas personas sean juzgadas como corresponde». Lejos de tratarse de manifestantes espontáneos, los detenidos incluyen barrabravas con prontuarios extensos, activistas radicalizados y conocidos agitadores de la política violenta.
El operativo de seguridad se vio superado cuando los encapuchados comenzaron a lanzar piedras, bombas molotov y objetos contundentes contra los efectivos. Entre los heridos, un agente de la Policía de la Ciudad recibió un impacto de bala, lo que marca un salto en la escalada de agresión contra las fuerzas de seguridad.
Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los propios manifestantes revelan un patrón: la izquierda radicalizada y grupos vinculados a barras bravas utilizan cualquier protesta legítima como excusa para sembrar el caos. Esta vez, fueron los jubilados quienes quedaron en el medio de una escena que claramente estaba planificada con antelación.
Mientras la Justicia avanza con las investigaciones y la Ciudad evalúa demandas por los destrozos, la pregunta es inevitable: ¿quién financia y organiza estos ataques? Y lo más importante: ¿hasta cuándo se permitirá que la violencia siga siendo una herramienta política?
