Milei apuesta fuerte a la Seguridad: nuevo Código Penal endurece penas para corrupción, barrabravas, delitos sexuales y piquetes

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha recibido el borrador del nuevo Código Penal, elaborado por un equipo de expertos en la materia. Se espera que el presidente Javier Milei lo presente al Congreso en las próximas sesiones ordinarias, buscando su aprobación para endurecer las penas contra la corrupción, los piqueteros y los barrabravas, así como para proteger a la Policía y crear nuevos delitos, algunos incluso contra «el orden internacional».

El texto, que fuentes periodísticas han reportado que plantea una serie de reformas a la normativa vigente (que data de 1921), expandiría el número de artículos de 316 a 540. Se trataría de un documento que incorpora una gran cantidad de leyes especiales y que está dividido en tres libros, el primero referido a la Parte General, el segundo a la Parte Especial y el tercero vinculado a los Delitos contra el orden internacional.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el «impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves». Esto implicaría que este beneficio no se concedería a reincidentes ni a condenados por delitos dolosos violentos que causen graves daños a la salud o la muerte, o abuso sexual agravado, entre otros. En este sentido, la pena efectiva de prisión perpetua sería de 35 años de cumplimiento total en cárcel, o de 40 años en caso de reincidencia múltiple. Además, la libertad condicional sería revocada si el beneficiario comete un nuevo delito o viola la obligación de residencia.

Además, se agregaría un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y la «presunción en favor de la autoridad pública», estableciendo que no sería punible quien actúe en cumplimiento de su deber o en el ejercicio legítimo de su derecho, autoridad o cargo. En la misma línea, se indica que tampoco sería punible el miembro de alguna fuerza de seguridad pública o del servicio penitenciario que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de forma reglamentaria, cause lesiones o la muerte.

El nuevo Código también contemplaría nuevas modalidades delictivas, como las estafas piramidales y los fraudes informáticos, incluidos aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión para el caso de estafa agravada y multas significativas.

Con respecto a los barrabravas, piqueteros y ocupas, el nuevo Código Penal prevé un incremento del mínimo de la escala penal en dos tercios para los delitos de homicidio, lesiones, robo, tenencia y portación de armas de fuego cuando se cometan en el ámbito deportivo, artístico o de concurrencia masiva. Se crearían nuevos delitos para castigar a los barrabravas, como el impedimento de un espectáculo deportivo, el riesgo de aglomeración o avalancha, la distribución y venta no autorizada de entradas y la corrupción en el deporte. También se sumaría un régimen penal para la prevención y control del dopaje en este tipo de eventos.

Para los denominados «motochorros», la iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión. Incluye otros hechos, como el robo de celulares y las «salideras» bancarias.

Otro punto importante es que se tipifica la conducta «contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte», con condenas de hasta 3 años, lo que podría afectar a los piqueteros que no cuenten con autorización del Estado para sus manifestaciones. También se deja clara la figura de «agresiones en manifestaciones públicas» para todo aquel que arroje objetos que pongan en riesgo la integridad física de otra persona.

Además, se endurecería el castigo para las ocupaciones de tierras, agregando una multa y agravantes que podrían elevar la condena hasta un máximo de entre tres y seis años. Esta medida también se aplicaría a quienes faciliten, organicen, promuevan o instiguen las usurpaciones.

En un contexto de incendios forestales, la propuesta también aumentaría la pena por iniciar uno, elevándola de un mes a un año a una escala de 3 a 10 años, o incluso 25 si el hecho ocasiona fallecidos o lesiones gravísimas.

En cuanto a la corrupción, el proyecto contiene varios artículos que establecen que las penas sólo podrán ser de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública será de por vida. Para los delitos de cohecho, soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, las escalas penales se elevarían significativamente. También se ampliaría el concepto de «enriquecimiento ilícito» para incluir a todos aquellos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales.

Además, se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos y se contempla una agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, con condenas más severas y multas significativas. Se propone la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva para todos los delitos, incluso aquellos de lesa humanidad, terrorismo o narcotráfico.

Con respecto a los delitos sexuales, el proyecto prevé penas más severas en casos de violación agravada y se incorporaría el uso de inteligencia artificial como forma de pornografía infantil y grooming. También se tipificarían la promoción y facilitación de corrupción y prostitución de menores, explotación sexual y rufianismo. La compraventa de niños también tendría penas elevadas.

Por último, se incorpora un Libro Tercero dedicado a los delitos contra el orden internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra.

Según se ha informado, el nuevo Código Penal fue elaborado por la Comisión de Reforma del mismo, creada a principios de 2024, encabezada por el abogado Jorge Boumpadre y el juez Mariano Borinsky.