Nueva ley migratoria: el Gobierno quiere que los extranjeros no residentes paguen por la salud y la educación
Road sign with the inscription «Bienvenidos, Republica Argentina», Calafate, Patagonia, Argentina.
El proyecto, que fue anticipado por el presidente en la Asamblea Legislativa, contempla además que deportará a quienes cometan delitos. En caso de aprobarse, será más difícil obtener la radicación definitiva y habrá mayores controles en las fronteras
El oficialismo trabaja en una reforma de la ley de migraciones con el objetivo de endurecer las condiciones de ingreso y permanencia en Argentina. Entre los principales cambios que propone el proyecto se encuentran el cobro de servicios de salud y educación para extranjeros no residentes, un endurecimiento en los criterios para obtener la radicación definitiva y la agilización de los procesos de deportación para quienes cometan delitos.
El presidente Javier Milei adelantó la iniciativa durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, donde remarcó la necesidad de reformar la normativa vigente. “Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero no podemos ser tomados por tontos ni ser un centro de beneficios a costa del bolsillo de los argentinos”, sostuvo en su discurso.
El proyecto está en manos del Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y se espera que sea enviado al Congreso en los próximos meses. “Se está avanzando a buen ritmo para cumplir con el pedido del Presidente”, indicaron fuentes oficiales.
Cobro de servicios y nuevas restricciones
Uno de los puntos clave de la reforma es la implementación de un esquema de aranceles para que los extranjeros no residentes paguen por servicios de salud y educación universitaria. La medida busca replicar regulaciones que ya comenzaron a implementarse en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde se impuso el cobro de atención médica a personas sin residencia permanente.
Según datos oficiales, en Salta se logró una reducción en la atención a extranjeros y un ahorro significativo en el sistema de salud pública. “Solo en un hospital, el ahorro fue de $60 millones, casi la mitad del presupuesto de otro centro de salud en la provincia”, explicaron fuentes sanitarias.
El acceso a la educación superior también podría verse afectado. El gobierno considera que las universidades públicas deben cobrar matrícula a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, una idea que ya generó resistencia en algunos sectores políticos y académicos.
Endurecimiento en la deportación y más controles fronterizos
Otra de las modificaciones propuestas apunta a la deportación de extranjeros que cometan delitos en Argentina. Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, se agregarán nuevos delitos como causales de expulsión, incluyendo la participación en hechos que atenten contra el orden democrático.
Además, se reforzarán los controles en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay para reducir el ingreso irregular de personas. El gobierno ya llamó a licitación para mejorar la infraestructura de los pasos fronterizos y aumentar la vigilancia con nuevos radares.
Un debate con impacto social y político
La reforma migratoria promete ser uno de los temas más discutidos en el Congreso. Mientras el oficialismo argumenta que busca proteger los recursos del Estado y mejorar la seguridad, sectores opositores advierten que la iniciativa podría vulnerar derechos fundamentales y afectar la imagen de Argentina como un país de puertas abiertas a la inmigración.
La discusión parlamentaria será clave para definir el alcance de las modificaciones y si el gobierno logra el consenso necesario para su aprobación. En caso contrario, no se descarta que se intente avanzar con un decreto presidencial para aplicar al menos algunas de las medidas propuestas.
