Nueva ofensiva kirchnerista: buscan castigar con prisión a quienes “usen mal” las redes
El kirchnerismo avanza con un proyecto para censurar redes sociales y silenciar opositores
En una nueva avanzada sobre la libertad de expresión, quince diputados nacionales, en su mayoría pertenecientes al Bloque de Unión por la Patria (UxP), presentaron un proyecto de ley que busca regular el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos. La iniciativa, que ya fue girada a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales, prevé sanciones de hasta cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes, desde sus perfiles oficiales o personales, inciten a la violencia o afecten el «orden público».
El documento, firmado por legisladores como Victoria Tolosa Paz, Eugenia Alianiello y Pablo Yedlin, se apoya en la necesidad de evitar «confrontaciones digitales» y de poner freno a la «desinformación». Sin embargo, detrás de sus fundamentos, muchos advierten que se trata de un intento de censura para controlar el discurso público y limitar la oposición política en el ámbito digital.
Un proyecto con serias implicancias en la libertad de expresión
El artículo 2 del proyecto plantea la modificación del Código Penal, incorporando penas de prisión de dos a cuatro años para quienes, a través de redes sociales, inciten a la violencia contra personas o instituciones. En caso de tratarse de funcionarios públicos, la pena se incrementa en un tercio e incluye la inhabilitación para ejercer la función pública por hasta diez años.
«Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4) años el que, públicamente o a través de redes sociales, por medio de publicaciones, aprobación expresa, replicaciones, ‘Me Gusta’, o cualquier forma de interacción digital que implique difusión o adhesión a la publicación, incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, cuando tal incitación sea idónea para generar un peligro cierto de afectación al orden público o la honorabilidad y/o la seguridad de las personas», estipula el texto del proyecto.
La iniciativa, presentada bajo la justificación de garantizar un uso «ético y responsable» de las redes sociales por parte de los funcionarios públicos, es vista por críticos como un intento de regular el debate en línea y establecer un mecanismo de control sobre el discurso de la oposición.
Unión por la Patria y su lucha contra las voces disidentes
El kirchnerismo ha demostrado en múltiples ocasiones su interés en regular los medios de comunicación y las plataformas digitales. Desde intentos de intervención en medios hasta la creación de organismos de monitoreo de redes sociales, la nueva propuesta parece seguir la misma línea de restringir el libre debate en espacios digitales.
Los firmantes del proyecto afirman que el uso de redes sociales se ha convertido en «un terreno fértil para la polarización y la desinformación», justificando la necesidad de una legislación que establezca mayores restricciones para funcionarios públicos. Sin embargo, en un contexto de fuerte enfrentamiento político, muchos advierten que este tipo de medidas podrían ser utilizadas como herramientas de persecución para acallar voces incómodas para el oficialismo.
Censura encubierta bajo el pretexto de la convivencia democrática
En su exposición de motivos, los legisladores que impulsan la reforma aseguran que la iniciativa busca «proteger a los ciudadanos de los abusos de poder que se cometen a través de plataformas digitales» y fomentar un uso «ético y constructivo» de las redes sociales. No obstante, la ambigüedad del texto y la amplia discrecionalidad con la que se podrían interpretar los conceptos de «incitación a la violencia» o «afectación del orden público» generan preocupación en distintos sectores.
El debate en torno a la libertad de expresión en Argentina no es nuevo, y este proyecto de ley vuelve a poner en el centro de la escena el riesgo de que el Estado se arrogue el poder de decidir qué discursos son aceptables y cuáles deben ser castigados. En un país con una democracia vibrante y con un histórico uso de las redes sociales como canal de participación política, la posibilidad de que se utilicen sanciones penales para regular la expresión de los funcionarios públicos abre un peligroso precedente.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate sobre el equilibrio entre la responsabilidad en el uso de redes y la censura gubernamental se intensifica. ¿Es esta una medida para mejorar la convivencia democrática o un nuevo intento de silenciar a quienes piensan diferente?
