Nueva realidad para los piqueteros: sin intermediación, sin fondos y con menos influencia

Los piqueteros se reagrupan: menos recursos, cierre de depósitos y cambios en la asistencia
Las organizaciones sociales atraviesan un período de transformación ante la falta de recursos y la eliminación de la intermediación en la distribución de planes y alimentos. La reducción del financiamiento estatal y la implementación del Protocolo Antipiquetes han provocado el cierre de depósitos y locales de las principales agrupaciones piqueteras, quienes buscan reconfigurar su funcionamiento.
Reestructuración y cierre de espacios
Desde septiembre de 2023, varias organizaciones comenzaron a concentrar sus actividades en menos puntos físicos. La eliminación del suministro de alimentos por parte del Estado Nacional redujo la necesidad de grandes depósitos, por lo que muchos de estos espacios fueron desocupados o devueltos. En algunos casos, las agrupaciones lograron sostener locales propios, fusionando en un solo lugar actividades productivas, centros comunitarios y almacenamiento de los alimentos que aún reciben de algunas provincias y municipios.
“Nos achicamos y nos reagrupamos”, admitió un dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a movimientos como el Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. En la misma línea, referentes del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda reconocen la nueva dinámica: “En general, cerramos galpones y concentramos actividades en locales partidarios o comunitarios”.

El impacto del fin de la intermediación
El Gobierno de Javier Milei sostiene que la clave de este cambio fue la eliminación de la intermediación en la asistencia social. Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se implementó un sistema de asistencia directa a comedores y merenderos a través de la Tarjeta Alimentar Comunidad, lo que redujo el rol de las organizaciones en la distribución de alimentos.
Además, se eliminó el certificado de asistencia que validaba la participación en cooperativas como requisito para acceder al ex Programa Potenciar Trabajo, ahora reemplazado por los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Con estas medidas, el oficialismo afirma haber debilitado la capacidad de movilización de las organizaciones, que ya no pueden exigir la presencia en marchas como condición para el cobro de planes sociales.
Menos manifestaciones y cambios en la protesta social
Desde la implementación del Protocolo Antipiquetes en diciembre de 2023, las movilizaciones en el centro de Buenos Aires han disminuido considerablemente. Según datos oficiales, más de 167 mil personas han denunciado presiones o extorsiones por parte de dirigentes sociales para asistir a protestas.
En paralelo, varios referentes piqueteros han sido procesados por la justicia, entre ellos Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, investigado por presunta malversación de fondos y coacción sobre beneficiarios de planes sociales.

A casi un año de estos cambios, el Gobierno celebra el retroceso de los piquetes y el repliegue de las organizaciones. Mientras tanto, los movimientos sociales buscan nuevas estrategias para sostener su estructura en un contexto de menor financiamiento y creciente control estatal sobre los programas de asistencia.