Por culpa de una mala expropiación, Argentina podría perder YPF
La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, entre ellos el fondo buitre Burford Capital. Esta resolución, sin precedentes, llega tras una década de litigio internacional en tribunales de Nueva York y representa un nuevo revés legal para el Estado argentino, ya condenado a pagar más de 16 mil millones de dólares.
La medida, que puede ser apelada, exige que el traspaso de acciones se realice en un plazo de 14 días, a través del Bank of New York Mellon. Según especialistas, este tipo de decisión es inédita y ha generado reparos incluso en el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había respaldado a la Argentina en un escrito oficial.
El caso tiene origen en la expropiación realizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, liderada por Axel Kicillof como ministro de Economía. La falta de cumplimiento con el estatuto de YPF y las formas legales exigidas por el derecho internacional derivaron en el millonario juicio.
Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y principal difusor del caso, aseguró que la medida «pone a YPF bajo una sombra de incertidumbre» y que el país deberá negociar, algo que hasta ahora evitó. Desde el oficialismo aún no se ha dado una respuesta oficial.
La decisión de Preska puede quedar en suspenso si la Corte de Apelaciones toma el caso. Sin embargo, el riesgo político, económico y diplomático ya está instalado, y reabre el debate sobre las consecuencias de decisiones tomadas más de una década atrás.
