Ruta del dinero K: ordenaron subastar la totalidad de “El Entrevero”, el campo uruguayo vinculado a Lázaro Báez
En el marco de la causa por lavado de activos conocida como la “Ruta del Dinero K”, una propiedad de 145 hectáreas en el exclusivo José Ignacio, Uruguay, será subastada el próximo 8 de enero. El predio, denominado El Entrevero, fue confiscado por orden del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de Montevideo y será rematado con una base de 3,5 millones de dólares, según informó la Junta Nacional de Drogas (JND), organismo encargado de la operación.
El terreno, clasificado como suburbanos y rurales, tiene su acceso principal en el kilómetro 171 de la Ruta 10 y se extiende hacia ambos lados de la vía. Aunque en el lugar solo existe una vivienda abandonada sin mantenimiento, la ubicación estratégica y el historial detrás de la propiedad han captado la atención de potenciales compradores y del público en general.
Esta subasta es la segunda etapa en el proceso de liquidación de bienes vinculados a Lázaro Báez, empresario clave en el entramado de corrupción investigado durante años en Argentina. En 2018, se remataron otras 7 hectáreas del mismo campo por casi 2 millones de dólares. La adquisición original de El Entrevero data de 2011, cuando fue comprada por 14 millones de dólares a través de una sociedad anónima ligada a Daniel Pérez Gadín, contador de Báez.
La causa Ruta del Dinero K destapó un esquema masivo de blanqueo de fondos ilegales que involucró el desvío de aproximadamente 55 millones de dólares mediante operaciones financieras internacionales y la compra de propiedades. Báez, un estrecho colaborador del kirchnerismo y beneficiario de contratos millonarios de obra pública, fue detenido en 2016 y condenado a 12 años de prisión en 2020 por lavado de activos.
El remate de este campo marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por recuperar bienes vinculados a delitos económicos. Los interesados en participar podrán visitar la propiedad desde el 26 de diciembre hasta el 7 de enero, presentando una garantía de 20.000 dólares como requisito para intervenir en la subasta.
Este episodio no solo refleja el alcance de los entramados financieros ilegales de la región, sino también la capacidad de los sistemas judiciales para incautar y disponer de los bienes adquiridos ilícitamente. El próximo remate pondrá fin a otro símbolo del caso que conmocionó a Argentina y dejó su huella en tierras uruguayas.
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