Rutas argentinas: la corrupción kirchnerista y el costo en vidas humanas
Con seis argentinos muertos por día en accidentes viales, las rutas del país se han convertido en un símbolo de corrupción y desidia estatal que perpetúa el caos y la tragedia. Tras décadas de privatizaciones, estatizaciones y sistemas híbridos, el gobierno de Javier Milei busca revertir la situación con una nueva licitación internacional, marcando el regreso de las concesiones privadas.
La gestión kirchnerista, particularmente durante las presidencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, consolidó un esquema de recaudación y desvío de fondos que, según la investigación de la causa «Cuadernos», drenó miles de millones de dólares que pudieron haber transformado la infraestructura vial del país. Según confesiones de empresarios, retornos de entre el 10% y el 20% del total de las obras iban directamente a financiar «necesidades políticas». Este mecanismo derivó en un déficit monumental: se estima que con el dinero desviado se podrían haber construido hasta 134.000 kilómetros de rutas.
Las consecuencias humanas del desinterés
Mientras los fondos se dirigían a bolsillos privados y campañas políticas, los conductores enfrentaban diariamente las secuelas de la negligencia estatal. Falta de mantenimiento, banquinas descalzadas, señalización deficiente y el peligro constante de manejar a contramano en rutas saturadas de camiones configuran un escenario que, lejos de ser accidente, es el resultado premeditado de una infraestructura abandonada.
El costo humano es evidente: miles de vidas perdidas al año. En un sistema donde la falta de autopistas y autovías obliga a los automovilistas a realizar maniobras riesgosas, la responsabilidad no recae únicamente en la imprudencia de los conductores, sino también en décadas de políticas públicas incapaces de priorizar la seguridad vial.
Un sistema quebrado y un nuevo intento
El modelo actual, heredado del gobierno de Alberto Fernández, centralizó la gestión de corredores viales en manos estatales, creando una estructura que absorbió empleados y presupuestos, pero dejó pendientes los proyectos fundamentales. Ahora, con el cambio de gestión, se busca devolver la operación de las rutas a empresas privadas bajo un esquema que promete mayor eficiencia.
Sin embargo, la clave no está en quién administre, sino en garantizar que los fondos destinados lleguen a su destino: mejorar las rutas, construir autopistas y reducir la siniestralidad. El desafío es doble: superar el pasado corrupto y asegurar la sostenibilidad económica de los proyectos sin caer en políticas tarifarias que prioricen lo político sobre lo técnico.
Las rutas argentinas no solo son un escenario de tragedias personales, sino un recordatorio del daño que la corrupción y la falta de planificación pueden causar. La próxima licitación será una prueba para el gobierno y un testimonio de si el país puede finalmente romper con su historial de ineficiencia y muerte en las carreteras.
