Un ente con más sueldos que presupuesto: la paradoja estatal que dispara ajustes en el segundo año de Milei
En el inicio del segundo año de gestión de Javier Milei, el Gobierno implementó una nueva fase del ajuste, bautizada como “deep motosierra”. La primera acción concreta fue disolver, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social, un organismo desconcentrado del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.
El decreto justificó la medida citando «ineficiencia operativa» y un «sobredimensionamiento de su estructura». Según los datos oficiales, el costo anual de los salarios del personal de la Comisión ascendía a $1.307 millones, superando al presupuesto total del programa que debía gestionar, fijado en $1.178 millones para 2024.
La Comisión, creada en 2006, tenía como objetivo fomentar el desarrollo de microcréditos para apoyar a sectores vulnerables y fortalecer a organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el informe oficial reveló que solo había ejecutado el 5,5% de sus fondos al tercer trimestre de 2024.
Con una plantilla de 72 empleados, incluyendo un coordinador general y cuatro coordinadores de área, la estructura se percibía como ineficiente. Según el decreto, estos empleados quedarán en disponibilidad durante un año, tiempo en el que el Gobierno buscará reubicarlos en otras áreas. Si no lo logra, serán indemnizados.
La eliminación de esta Comisión marca el inicio de un plan más amplio de reestructuración estatal. Según fuentes oficiales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, está analizando qué organismos presentan duplicidades o pueden ser eliminados, fusionados o simplificados.
En este proceso, los criterios de utilidad, eficiencia y justificación son determinantes. Por ejemplo, si una entidad estatal cumple funciones que corresponden a provincias, municipios o al sector privado, su continuidad es revisada.
Además de la Comisión de Microcréditos, otros organismos están en la mira, como el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) y estructuras similares en Transporte. Estas acciones forman parte del objetivo del Gobierno de eliminar más de 300 estructuras organizativas en esta etapa, tras haber reducido 250 en la anterior.
La “deep motosierra” parece avanzar sobre áreas que, aunque creadas con fines sociales, terminaron representando una carga para el Estado debido a su ineficiencia estructural. Este primer ajuste pone de manifiesto una realidad que el Ejecutivo busca erradicar: organismos donde los costos salariales superan ampliamente los recursos destinados a cumplir sus objetivos.
