Vacunas bajo la lupa: la Justicia reabre la causa por la demora en comprar Pfizer
La Justicia reabre la investigación contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la compra de vacunas
La Cámara Federal ordenó continuar con la investigación sobre el accionar del gobierno nacional durante la pandemia en torno a la adquisición de vacunas contra el COVID-19, especialmente las negociaciones frustradas con el laboratorio Pfizer.
Con esta decisión, el tribunal revocó un fallo anterior del juez Ariel Lijo, quien había desestimado las denuncias presentadas por diputados opositores y familiares de víctimas del virus. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens advirtieron que aún hay aspectos no esclarecidos sobre las tratativas entre el Estado argentino y la farmacéutica estadounidense.
“Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo con Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”, señalaron en su resolución.
La polémica por la demora en acceder a las dosis de Pfizer marcó un punto álgido durante la gestión de la pandemia. Mientras países vecinos accedían rápidamente a millones de vacunas, Argentina optaba por priorizar otros convenios, como el celebrado con Rusia por la Sputnik V. Las primeras dosis de Pfizer recién llegaron en septiembre de 2021, luego de meses de acusaciones cruzadas, sospechas y una fuerte presión pública.
Según datos oficiales, más del 90% de los fallecidos por COVID-19 en Argentina no contaban con esquemas de vacunación completos o no tenían las dosis de refuerzo recomendadas, lo que reaviva el debate sobre las decisiones adoptadas durante la emergencia sanitaria.
En su momento, el juez Lijo había argumentado que no existía evidencia concreta de delito. Sostuvo que hubo voluntad política de adquirir vacunas y que las negociaciones frustradas con Pfizer no constituían una conducta ilícita, sino una decisión política.
Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli apeló la decisión, señalando que se había desestimado parte de la prueba que él mismo había solicitado. Cuestionó el tratamiento diferenciado que recibió Pfizer respecto de otros laboratorios y apuntó a la “opacidad” de las negociaciones.
“La diferencia en los tiempos de tramitación es notoria, y ese retraso perjudicó al país en plena emergencia sanitaria”, indicó el fiscal. La Cámara Federal coincidió con ese diagnóstico y sostuvo que no se puede cerrar la causa sin agotar las medidas de prueba pendientes.
Con esta decisión, el expediente vuelve a estar abierto. La Justicia deberá ahora investigar en profundidad si hubo irregularidades, negligencia o un trato desigual que pudo haber afectado la llegada de vacunas en un momento clave de la pandemia.
