El Gobierno busca profesionalizar Defensa con cuadros especializados
Militares en actividad podrán integrar el Ministerio de Defensa sin pasar a disponibilidad
El Gobierno nacional dio un paso inédito en la relación entre las Fuerzas Armadas y la conducción política de la defensa. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2026, el presidente Javier Milei modificó la ley 19.101 para permitir que militares en actividad puedan ser designados como funcionarios del Ministerio de Defensa sin perder su condición de servicio efectivo.
Hasta ahora, la normativa obligaba a los oficiales superiores a pasar a “disponibilidad” o “pasiva” cuando asumían cargos en la cartera, lo que interrumpía su carrera militar. El nuevo esquema elimina esa exigencia y habilita a que continúen en actividad mientras cumplen funciones civiles dentro del ministerio.
La medida alcanza al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, y a su equipo. Entre los primeros casos se encuentra el general de división Jorge Alberto Puebla, quien asumirá como secretario de Estrategias y Asuntos Militares, con rango de viceministro.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el objetivo es incorporar personal altamente calificado sin que ello afecte su trayectoria profesional. En los considerandos del decreto se sostiene que era “incongruente” que un oficial vea limitadas sus expectativas de ascenso por aceptar un cargo en el área que define la política de defensa del país.
Según fuentes castrenses, el pase a disponibilidad tenía un efecto directo: el tiempo trabajado en el Ministerio no contaba como servicio efectivo, lo que impactaba en la carrera, los ascensos y el retiro. Con la nueva reglamentación, ese período será computado como parte de la trayectoria militar.
El decreto también establece que los oficiales designados percibirán su sueldo como militares, al que se sumará un complemento para igualar los haberes correspondientes al cargo civil que ocupen, con un mecanismo de reintegro al fisco para evitar superposiciones.
La norma deberá ser revisada por el Congreso, como ocurre con todos los DNU. Mientras tanto, el cambio ya genera debate: para algunos, profesionaliza la gestión de la defensa; para otros, reabre la discusión sobre los límites entre el ámbito civil y el militar en el Estado.
