Millonarios fondos sin control y contratos sospechosos: qué reveló la primera auditoría a la obra social de empleados rurales

Una consultora contratada desde la intervención de OSPRERA detectó una deuda de casi $100 mil millones y un déficit mensual de $4.200 millones en la entidad que fue liderada por el sindicalista José Voytenco, además de posibles fraudes e irregularidades de todo tipo

Una trama de multimillonarios fondos mal administrados, sin controles adecuados, sospechas de fraude y diversas irregularidades, que derivaron en una deuda de casi 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones de pesos, con el telón de fondo de la atención médica de unos 760.000 afiliados de la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Ese es el escenario que quedó planteado a partir de la primera auditoría impulsada en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) desde la intervención designada por el Gobierno, cuyos resultados fueron presentados este viernes ante las autoridades nacionales de Salud y la Justicia: allí se destaca “la grave crisis financiera y estructural” que atraviesa esa prestadora de salud “como consecuencia de una gestión notoriamente fraudulenta por parte de quienes estuvieron al frente de la entidad”, en alusión al titular de la UATRE y presidente de la obra social, José Voytenco.

“Quienes debían velar por su buena administración en beneficio de los afiliados estuvieron a punto de manchar el buen nombre y honor de la obra social poniendo en riesgo su existencia provocando un alarmante estado en lo administrativo y financiero”,afirma el informe de gestión del interventor Marcelo Petroni que fue entregado al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, y al gerente general, Claudio Stivelman, que incluye los resultados de la auditoría.

¿Por qué esa misma información fue entregada a la Justicia? Desde hace meses que el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga a Voytenco, a quien en octubre pasado le embargó los bienes e inhibió sus cuentas por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos a partir de la denuncia de otro dirigente de su sindicato, Marcelo Andrada.

Ese gremialista le apuntó a Voytenco por su nivel de vida y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE y, a la vez, aludió a la falta de transparencia en la administración de OSPRERA, que según indicó, habría negado prestaciones a afiliados en momentos de alta necesidad. Por eso el Gobierno dispuso la intervención de la obra social y, durante una audiencia judicial, la Superintendencia de Salud (SSS) denunció un posible desfalco de más de $3.350 millones.

Los funcionarios de Salud advirtieron que entre 2022 y 2023 los beneficiarios de la obra social realizaron 16.410 reclamos por falta de entrega de medicamentos -entre otros, oncológicos- y prótesis; negaron cirugías y otras prestaciones médicas como acompañamiento terapéutico y asistencia a afiliados con discapacidad.

Oriolo y Stivelman también aseguraron que la última gestión de la SSS del gobierno de Alberto Fernández le otorgó el 4 de octubre de 2023 a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”.

Según las autoridades libertarias, dos meses después, el viernes 7 de diciembre, último día hábil del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las autoridades salientes “aprobaron la rendición de cuentas”, pero las facturas y planillas de gastos o pagos que los acreditan no se encuentran en los archivos de la Superintendencia.

Petroni, designado el 29 de noviembre pasado, motorizó la auditoría -que había sido encargada por la anterior interventora, Virginia Montero- para tener una primera evaluación del estado de OSPRERA, que tiene unos 760 mil afiliados y es la segunda obra social más numerosa del país después de OSECAC, del Sindicato de Comercio. El resultado fue “impactante”, señalan en el Gobierno, pese a que la consultora contratada tuvo sólo un mes de trabajo porque se requería un mapa inicial de la situación financiera y administrativa para detectar los principales problemas y encarar su saneamiento.

¿Qué dice la auditoría? El primer dato saliente es que, “con fecha de corte al 31/10/2024, OSPRERA posee un pasivo de aproximadamente $97.889 millones, los cuales se encuentran vinculados principalmente a los servicios de prestaciones e insumos médicos” y que, “en promedio, el déficit mensual al 31/10/2024 se encuentra en aproximadamente $4.200 millones, lo que representa un incremento exponencial de las deudas al no tener una caja que permita una reducción del pasivo”. Por eso, se advierte, “el índice de liquidez arroja cifras alarmantes sobre la solvencia financiera de OSPRERA”.

“En resumen -dice-, el pasivo que posee, sumado al déficit mensual, al hecho que la liquidez se encuentre en una situación de casi imposibilidad de pagos y que además por el tipo de organización el pasivo sea prácticamente de índole corriente, la situación de OSPRERA es económica y financieramente crítica”.

Sobre las prestaciones de salud, el informe destaca que no existe “una adecuada metodología y orden en la documentación” en el trámite de los reintegros SUR (destinados a cubrir intervenciones médicas y medicamentos de alto impacto económico), lo que “provocaría una mala gestión” de esas rendiciones “en cuanto a tiempo y forma”, lo que dificulta que la obra social recupere de manera más rápida esos fondos. “Si se tiene en cuenta que el recupero no es inmediato -indica-, resulta escaso ($45 millones mensuales), que son fondos erogados en fechas previas y que no incluyen actualización, hace que el recupero final sea prácticamente nulo y que represente un gasto sin recuperar de aproximadamente el orden de los $2.600 millones mensuales”.

Acerca de este tema, en la intervención dijeron que reforzaron de maneramuy fuerte todo el equipo de prestaciones médicas y el de auditorías, para lo cual desdoblaron la gerencia: una se encarga de dar prestaciones y otra audita cada una de las prestaciones prescriptas por los médicos. Eso permite darle mucha transparencia a todo el circuito prestacional, que es el 80% del gasto total.

La auditoría se enfocó también en el “servicio tercerizado” que brinda UATRE a su prestadora de salud: la contratación de personal aportado por el sindicato para trabajar en las dependencias de la obra social en todo el país. Son más de 600 empleados que aporta el sindicato, sobre un total de alrededor de 1.300 que se desempeñan en OSPRERA.

Esta situación, sostiene el informe, “resultaría en una relación laboral en forma indirecta y que, a su vez, podría dificultar una correcta evaluación del servicio que se está brindando”. En números, representa una facturación mensual promedio de $500 millones y una deuda acumulada al 31/12/2024 de $7.763 millones. “Si se lo compara con los empleados de OSPRERA, cuyas remuneraciones mensuales rondan los $2.500 millones aproximadamente, resultaría una quinta parte adicional de empleados”, añade.