¿Qué pasó con las tierras de YPF? El Concejo investiga un traspaso pendiente desde 1995.
Comodoro busca ordenar su patrimonio ante la salida de YPF
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia debatirá este jueves un proyecto de ordenanza que apunta a resolver una deuda administrativa que arrastra casi tres décadas. La iniciativa propone crear el Programa Municipal de Regularización Catastral de Inmuebles Transferidos a la Municipalidad desde el Estado Nacional, un mecanismo destinado a identificar y registrar formalmente propiedades que fueron cedidas en 1995 por YPF.
El tratamiento del proyecto llega en un momento sensible para la región. La petrolera estatal ya vendió todas las áreas que operaba en la cuenca del Golfo San Jorge y solo mantendrá la explotación de la planta de combustibles ubicada en Km 3, uno de los históricos barrios petroleros de la ciudad.
Sin embargo, el foco del debate no está puesto en esas instalaciones, sino en un problema patrimonial que permanece sin resolver desde hace casi 30 años. Según los fundamentos de la ordenanza, muchos de los bienes que el Estado nacional transfirió al municipio nunca fueron registrados formalmente a nombre de la comuna en los catastros correspondientes.
Esa falta de regularización, advierten los impulsores del proyecto, dificulta la administración y planificación de esos espacios. Además, en el contexto actual de retiro operativo de YPF de la región, existe el riesgo de que el municipio enfrente conflictos legales o incluso pierda derechos sobre algunos de esos inmuebles.
El programa que se busca aprobar tiene un objetivo concreto: completar el proceso iniciado en 1995. Para ello se prevé identificar, georreferenciar y registrar todos los terrenos incluidos en el acta original de transferencia, que abarcan desde terrenos baldíos hasta espacios públicos y edificios con mejoras.
La ordenanza también habilita al Ejecutivo municipal a firmar convenios con organismos técnicos para avanzar en el trabajo. Entre ellos se menciona a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Dirección General de Catastro de la provincia y el Colegio de Agrimensores.
Además, se creará una comisión técnica interdisciplinaria integrada por funcionarios municipales, especialistas y concejales de distintos bloques políticos. Su misión será supervisar el proceso y garantizar transparencia mediante informes periódicos que deberán presentarse ante el Concejo.
El objetivo final es asegurar seguridad jurídica sobre el patrimonio urbano de la ciudad y evitar que terrenos que forman parte de su historia petrolera queden en una zona gris administrativa justo cuando el mapa energético de la región comienza a cambiar.
