Malvinas: el petróleo abre un nuevo frente en el Código Penal argentino
La disputa por las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo, esta vez desde el terreno del derecho penal económico. El proyecto de reforma del Código Penal argentino incorpora delitos específicos vinculados con la exploración, explotación, transporte y comercialización no autorizada de hidrocarburos y minerales.
La iniciativa adquiere especial relevancia frente al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Malvinas. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se desarrollan en espacios sometidos a la disputa de soberanía y ha intensificado durante septiembre las medidas administrativas y judiciales contra empresas vinculadas con esas operaciones.
El proyecto establece penas de entre cinco y diez años para quienes realicen o encarguen actividades de búsqueda o exploración sin autorización, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento ilegal podría recibir penas de diez a quince años. También contempla entre cuatro y ocho años para quienes financien, promuevan, suministren, adquieran o comercialicen recursos provenientes de una extracción ilegal.
La propuesta amplía así el alcance de la respuesta penal: ya no se concentra solamente en quien extrae el recurso, sino también en parte de la estructura económica que permite financiarlo, transportarlo y comercializarlo.
Además, se prevén agravantes cuando exista exportación ilícita o un grave daño ambiental y se incorpora el decomiso de equipos, materiales y recursos obtenidos. También podría disponerse la pérdida de concesiones y la inhabilitación para acceder a determinados beneficios públicos.
Estas disposiciones se suman a un régimen que ya existe. La Ley 26.659 establece restricciones y sanciones para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. A comienzos de septiembre, el Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y estableció mecanismos de coordinación estatal para detectar posibles infracciones.
El debate ocurre en un contexto internacional en el que Argentina y el Reino Unido mantienen una disputa de soberanía sobre las islas. Para Argentina, la protección de los recursos naturales forma parte de esa cuestión; para el Reino Unido, las autoridades argentinas carecen de jurisdicción sobre las actividades desarrolladas bajo administración británica.
Así, el petróleo convierte nuevamente a Malvinas en un escenario donde se cruzan soberanía, derecho penal, intereses económicos y recursos estratégicos.
