Nuevas reglas de la IGJ simplifican la creación de sociedades con menos trámites y más opciones: una reforma busca facilitar la creación de empresas y habilitan aportes en criptomonedas

 Nuevas reglas de la IGJ simplifican la creación de sociedades con menos trámites y más opciones: una reforma busca facilitar la creación de empresas y habilitan aportes en criptomonedas

Desde el 23 de septiembre rige en la Ciudad de Buenos Aires una nueva normativa de la Inspección General de Justicia (IGJ) que modifica el proceso para constituir sociedades y busca reducir trámites, costos y tiempos administrativos.

La Resolución General 11/2026 introduce cambios en la forma de acreditar el capital inicial, amplía las posibilidades para realizar aportes no dinerarios y reconoce expresamente a los criptoactivos como bienes que pueden integrar el capital de una sociedad.

Uno de los cambios centrales es que el capital inicial deja de estar necesariamente vinculado con la actividad que desarrollará la empresa. De esta manera, los socios pueden comenzar con los recursos disponibles y aumentar posteriormente el capital a medida que el negocio crece.

Para determinados aportes dinerarios de menor cuantía también se simplifica la acreditación. Cuando el monto no supera el equivalente a dos salarios mínimos, puede utilizarse una declaración jurada de los socios o administradores.

La norma también permite aportar bienes, títulos valores, participaciones societarias y activos virtuales. En el caso de las criptomonedas, se exige identificar los activos, demostrar la titularidad previa del aportante, depositarlos en un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la CNV y establecer su valuación mediante mecanismos admitidos por la normativa.

La resolución profundiza además la digitalización del Registro Público. Se incorporan documentos electrónicos y firmas digitales, se habilitan determinadas actas digitales y se facilita la presentación de documentación de manera remota.

Otro cambio relevante es la posibilidad de establecer objetos sociales más amplios, mientras que determinados trámites de precalificación pasan a ser opcionales.

La reforma apunta así a reducir barreras de entrada para emprendedores y empresas, aunque los especialistas advierten que los aportes en criptomonedas requieren especial atención sobre custodia, volatilidad, valuación e impacto impositivo.

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