Argentina busca frenar la explotación petrolera en Malvinas con una ofensiva judicial y diplomática.
El Gobierno argentino anunció que podría iniciar acciones penales contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, y sus respectivos directivos, por avanzar con un proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno afirmó que las actividades vulneran la legislación nacional y anticipó que el país utilizará herramientas judiciales y diplomáticas para intentar detenerlas.
El conflicto está relacionado con el proyecto Sea Lion, una iniciativa de extracción de petróleo en aguas próximas a las islas, que tiene prevista su puesta en marcha durante el primer trimestre de 2027.
Desde la posición argentina, la explotación representa una actividad unilateral sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía reclama históricamente frente al Reino Unido.
Como parte de su estrategia, el Gobierno presentó un planteo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Allí solicitó medidas provisionales para suspender las actividades petroleras mientras se analiza la controversia mediante un tribunal arbitral. Quirno aclaró que este organismo no tiene competencia para resolver a qué país pertenecen las Malvinas, sino que la presentación busca intervenir sobre las actividades vinculadas con los recursos naturales.
El canciller también cuestionó la posible reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, en Chile, y las islas. Explicó que los buques que transporten cargas hacia Malvinas o desde ellas deben cumplir con las autorizaciones establecidas por la normativa argentina.
Además, adelantó otras iniciativas para fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur, entre ellas el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y posibles modificaciones legislativas destinadas a ampliar las herramientas de protección de los intereses argentinos.
Mientras tanto, el proyecto petrolero mantiene su calendario de ejecución para 2027. La controversia vuelve a colocar la soberanía de Malvinas y el control de sus recursos naturales en el centro de la agenda diplomática argentina.
