Avanza la recuperación de fondos públicos en uno de los mayores casos de corrupción
Causa Vialidad: la Justicia avanza con el decomiso de bienes de la corrupción kirchnerista
El Tribunal Oral Federal 2 dio un paso clave en la ejecución del decomiso de bienes vinculados a la denominada Causa Vialidad, en un proceso que busca recuperar cerca de 685 mil millones de pesos considerados como perjuicio al Estado. La medida alcanza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de otros condenados.
Según la resolución judicial, se trata de uno de los decomisos más significativos en la historia argentina. El objetivo es recuperar bienes que, de acuerdo con la sentencia, fueron adquiridos mediante hechos de corrupción durante la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El listado inicial incluye hoteles emblemáticos como Los Sauces Casa Patagónica, Las Dunas y Alto Calafate, además de participaciones en sociedades como Hotesur y Los Sauces S.A. A esto se suman numerosos terrenos en El Calafate, varios de ellos adquiridos entre 2007 y 2008 y luego revalorizados por el desarrollo turístico de la zona.
En Río Gallegos, la nómina incorpora complejos de departamentos, viviendas particulares y otros inmuebles urbanos. Parte de estos activos habían sido transferidos en 2016 a los hijos de la exmandataria, aunque la Justicia resolvió igualmente incluirlos en el decomiso al considerar su origen.
La medida también alcanza empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, señaladas en la causa por su participación en el esquema investigado.
Los jueces remarcaron que el decomiso no debe ser simbólico, sino traducirse en una recuperación concreta de activos provenientes de maniobras de corrupción kirchnerista. Ahora, los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá definir su administración, eventual subasta o destino para reparación social.
Por su magnitud económica y alcance patrimonial, el proceso marca un precedente en la búsqueda de restitución de fondos públicos en Argentina.
