Ley de Glaciares: gobernadores le aseguran a Milei los votos para aprobar una reforma clave para la minería

Diputados se encaminan a aprobar una nueva Ley de Glaciares en medio de fuerte tensión política y ambiental

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión extensa y cargada de conflicto en la que el oficialismo buscará convertir en ley la reforma de la normativa sobre glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con media sanción del Senado desde febrero, el proyecto cuenta con los votos necesarios para avanzar, aunque el debate promete extenderse hasta la madrugada.

La iniciativa propone modificar la actual legislación ambiental para redefinir las zonas protegidas en ambientes periglaciares, lo que en la práctica ampliaría las áreas habilitadas para la actividad minera. El punto más controvertido es la transferencia de facultades a las provincias, que pasarían a tener mayor control sobre la identificación de zonas con recursos hídricos estratégicos y la aprobación de estudios de impacto ambiental.

El oficialismo confía en una mayoría ajustada pero suficiente, sostenida por el respaldo de bloques aliados y, especialmente, por legisladores vinculados a provincias con fuerte potencial minero como San Juan, Catamarca y Jujuy. Incluso dentro de la oposición se prevén apoyos aislados, impulsados por intereses productivos regionales.

Mientras tanto, organizaciones ambientalistas y sectores políticos convocaron a una movilización frente al Congreso en rechazo al proyecto. Las críticas se centran en el posible impacto sobre las reservas de agua dulce y en la flexibilización de las restricciones actuales en zonas sensibles.

El debate también estará atravesado por tensiones políticas adicionales, como el intento de sectores opositores de impulsar iniciativas vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que podría intensificar los cruces en el recinto.

Desde el oficialismo y los gobiernos provinciales, en tanto, defienden la reforma como una herramienta clave para atraer inversiones y generar empleo, al tiempo que aseguran que no se verán afectados los estándares ambientales esenciales.

Aunque el resultado parece definido, el escenario posterior abre interrogantes: ya hay advertencias de judicialización por parte de sectores opositores, lo que podría trasladar la discusión al ámbito de los tribunales.